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Educación para la Ciudadanía es igual de adoctrinadora en Castilla y León
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma a los objetores en su posición
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado sentencia en relación con los decretos autonómicos que desarrollan Educación para la Ciudadanía en esta región. El procedimiento judicial se había iniciado a instancias del Gobierno, que consideraba que el desarrollo curricular castellanoleonés no respondía a los contenidos mínimos de estas asignaturas para Enseñanza Secundaria Obligatoria establecidas en el Real Decreto 1631/2006.
A pesar de lo que está difundiendo la Junta de Castilla y León, lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad considera contradictorio el hecho de que el ejecutivo autonómico no impugnara el Real Decreto por el que se regulan las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria que desarrolla EpC a nivel estatal.
Así mismo, la sentencia concluye, con respecto a EpC, que los objetivos de estas asignaturas son los mismos en los decretos estatales que en Castilla y León y que los contenidos y criterios de evaluación autonómicos incluyen (de acuerdo con la legislación educativa vigente) y no sustituyen los establecidos por el Gobierno.
En definitiva, como explica el letrado Francisco José Ramos, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma las razones que los padres objetores esgrimen para oponerse a este conjunto de asignaturas. «Contra lo que venía afirmando el gobierno castellanoleonés, el decreto autonómico de EpC no ha rebajado en absoluto el carácter ideológico y adoctrinador de las asignaturas».
La sentencia reconoce que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son absolutamente coincidentes con los establecidos por los Reales Decretos del gobierno. Por tanto, confirma que las normas autonómicas no han recortado la materia ni la han descargado de contenido ideológico o moral, como reiteradamente ha manifestado la Consejería de Educación.
Es por tanto es comprensible que numerosos padres de Castilla y León sigan oponiéndose a EpC, bien a través de la objeción, bien a través de la vigilancia de los contenidos y materiales de la asignatura. Además, según manifiestan las plataformas de padres de la Comunidad, está aumentando la preocupación de las familias porque esta asignatura se establece el curso que viene en Primaria con carácter obligatorio.
PARA MÁS INFORMACIÓN
José Sanz Aguilar TEL. 667 123 942

LAS OBJECIONES A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA SUPERAN LAS 50.000
EN Castilla y León se han presentado ya 3.313 objeciones
Valladolid 26 de noviembre de 2008. Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España Educación para la Ciudadanía, un conjunto de asignaturas que ha despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española. Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la educación de sus hijos.
El resultado de este movimiento cívico es que, a fecha de hoy, se han presentado en España 50.420 objeciones de conciencia (correspondientes a otros tantos alumnos). En el caso de Castilla y León el número de objeciones asciende a 3.313. Estos datos han sido presentados hoy en rueda de prensa por la Plataforma Padres por la Libertad de Valladolid, así como por otras plataformas de nuestra Comunidad Autónoma. Según José Sanz Aguilar portavoz de la Plataforma , las más de 50 mil objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres, que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos.«Durante los últimos meses», ha asegurado, «los objetores hemos sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos nos han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes… En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que sólo somos ciudadanos que exigimos respeto a nuestra posición y a nuestros hijos. Nada más.»
Susana Álvarez, también portavoz de esta plataforma, se ha referido a la situación judicial relacionada con las objeciones a Educación para la Ciudadanía. «La intransigencia de las administraciones educativas ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han acumulado 1575 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción. Concretamente en Castilla y León se han presentado 254 recursos, en relación con cuales se han dictado ya 42 Autos favorables a los padres concediendo las medidas cautelares solicitadas. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores (entre sentencias y autos de medidas cautelares).
Según José Sanz el incremento de objeciones es imparable, como lo es el de resoluciones judiciales favorables. «Los datos que hoy presentamos», ha afirmado, «consolidan el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía que se articula desde 107 asociaciones y plataformas a nivel nacional: ahora somos más objetores, estamos más unidos y tenemos un propósito: ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación. Confiamos en que el Tribunal Supremo nos confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo».
Hoy mismo, un total de 31 plataformas o asociaciones de padres están presentando a los medios de comunicación los datos autonómicos de objeciones y recursos judiciales en 23 ciudades (Soria, Palma de Mallorca, Toledo, Salamanca, Segovia, Lucena, Barcelona, Almería, Cartagena, Valladolid, Jaén, León, Burgos, Ciudad Real, Logroño, Santander, El Puerto de Sta. María, Lugo, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Pamplona).
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José Sanz Aguilar 667123942
Susana Álvarez Sánchez 610450737
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