LAS OBJECIONES A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA SUPERAN LAS 50.000

EN Castilla y León se han presentado ya 3.313 objeciones

Valladolid 26 de noviembre de 2008. Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España Educación para la Ciudadanía, un conjunto de asignaturas que ha despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española. Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la educación de sus hijos.

El resultado de este movimiento cívico es que, a fecha de hoy, se han presentado en España 50.420 objeciones de conciencia (correspondientes a otros tantos alumnos). En el caso de Castilla y León el número de objeciones asciende a 3.313. Estos datos han sido presentados hoy en rueda de prensa por la Plataforma Padres por la Libertad de Valladolid, así como por otras plataformas de nuestra Comunidad Autónoma. Según José Sanz Aguilar portavoz de la Plataforma , las más de 50 mil objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres, que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos.«Durante los últimos meses», ha asegurado, «los objetores hemos sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos nos han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes… En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que sólo somos ciudadanos que exigimos respeto a nuestra posición y a nuestros hijos. Nada más.»

Susana Álvarez, también portavoz de esta plataforma, se ha referido a la situación judicial relacionada con las objeciones a Educación para la Ciudadanía. «La intransigencia de las administraciones educativas ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han acumulado 1575 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción. Concretamente en Castilla y León se han presentado 254 recursos, en relación con cuales se han dictado ya 42 Autos favorables a los padres concediendo las medidas cautelares solicitadas. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores (entre sentencias y autos de medidas cautelares).

Según José Sanz el incremento de objeciones es imparable, como lo es el de resoluciones judiciales favorables. «Los datos que hoy presentamos», ha afirmado, «consolidan el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía que se articula desde 107 asociaciones y plataformas a nivel nacional: ahora somos más objetores, estamos más unidos y tenemos un propósito: ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación. Confiamos en que el Tribunal Supremo nos confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo».

Hoy mismo, un total de 31 plataformas o asociaciones de padres están presentando a los medios de comunicación los datos autonómicos de objeciones y recursos judiciales en 23 ciudades (Soria, Palma de Mallorca, Toledo, Salamanca, Segovia, Lucena, Barcelona, Almería, Cartagena, Valladolid, Jaén, León, Burgos, Ciudad Real, Logroño, Santander, El Puerto de Sta. María, Lugo, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Pamplona).

PARA MÁS INFORMACIÓN

José Sanz Aguilar 667123942

Susana Álvarez Sánchez 610450737

Pincha en los iconos de la plataforma para ver los archivos adjuntos:

El TSJ dictamina que no es obligatorio cursar Educación para la Ciudadanía
La Consejería, que no recurrirá el auto judicial, extiende la suspensión cautelar delalto tribunal a los 106 alumnos que acudieron a la vía judicial contra la asignatura
ROSALÍA SANTAOLALLA
BURGOS

La Junta de Castilla y León extenderá a 106 estudiantes el efecto del auto del Tribunal Superior de Justicia conocido ayer, que suspende cautelarmente la obligación de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía a 16 alumnos. La Consejería de Educación «acepta el auto» y no recurrirá la decisión de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, además de extender sus efectos a 106 estudiantes de la región que cursan este año la asignatura y cuyas familias han presentado recurso de reposición contra las resoluciones mediante las que se denegaba la objeción de conciencia.
El auto dictado por la sala tercera del contencioso-administrativo del TSJCYL estima la solicitud de medida cautelar «quedando en consecuencia sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados» de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, «sin perjuicio del mantenimiento de las obligaciones de escolarización y custodia que competen a la Junta de Castilla y León».
El auto emitido ayer responde a un recurso contencioso administrativo presentado por dos personas contra la resolución del 4 de agosto del 2008 de la Consejería de Educación en la que se denegaba la solicitud de objeción de conciencia respecto a esta asignatura. Contra la resolución cabe recurso de súplica en el plazo de cinco días.
Según reza el auto, «lo interesado es una medida cautelar de eximir de cursar una asignatura obligatoria sólo respecto de quien lo solicitan sus padres por razones de conciencia y sólo durante la tramitación del recurso jurisdiccional». La sala rechaza la afectación del interés del alumno que invocaban las partes demandadas -Junta y Ministerio de Educación- porque «el único perjuicio que existe, de accederse a la medida cautelar y posteriormente rechazarse el recurso, sería la falta de evaluación y necesidad de recuperación de la calificación, perjuicio que las demandadas no pueden oponer con la misma fuerza que los progenitores».
La sala recuerda que la parte demandante plantea que la asignatura «vulnera dos derechos fundamentales interrelacionados como son el derecho a la libertad ideológico y el derecho a decidir la formación moral» de sus hijos.
Comportamiento
El auto destaca que se establece «como criterio de evaluación no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento» y en los Fundamentos de Derecho destaca que «en relación con otros contenidos de esta y otras asignaturas se fije como criterio de evaluación que el alumno sepa analizar, comprender, identificar mientras que en relación con la interdicción de la desigualdad, se exija no solo su asimilación sino un comportamiento de rechazo activo y además solo se exija esencialmente respecto de la desigualdad entre sexos y no por otros motivos».
La Consejería de Educación reiteró ayer que mantiene su postura contraria a las asignaturas de Ciudadanía que se imparten en segundo y cuarto de la ESO y en primero de Bachillerato e insistió en que «han sido implantadas por imperativo legal en Castilla y León, aunque desprovistas de la carga ideológica en sus contenidos, circunstancia que ha motivado que el Gobierno central lo haya recurrido ante los tribunales».
La Consejería de Educación recordó que ha defendido que la asignatura debería haberse consensuado con todos los grupos políticos parlamentarios y que siempre ha mantenido que, dada la polémica y el conflicto que ha suscitado en la sociedad, «deben ser el Gobierno de la nación o, en su caso, los tribunales de Justicia quienes determinen la legalidad de su obligatoriedad».
Por su parte, José Manuel Cantera portavoz del Foro de la Familia en Burgos, «si algún padre de la región aún no había presentado su objeción por tener alguna duda sobre su validez, esta decisión debería dejarle las cosas totalmente claras». Cantera explicó que el recurso al que ha dado respuesta este auto fue presentado por una familia zamorana, pero que existen recursos en marcha desde todas las provincias de la región. El Foro Español de la Familia contabiliza más de 45.000 objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, 3.000 de Castilla y León.